Volumen 23, Número 49 (2024): enero-junio

En este artículo, el objetivo es demostrar cómo la sentencia BVerfGE 65, 1 (Volkszählungsurteil), realizada por el Tribunal Constitucional Federal alemán en 1983, influyó en el desarrollo de un derecho fundamental autónomo a la protección de datos personales en el ordenamiento jurídico brasileño. Por lo tanto, se realizó una investigación bibliográfica y documental, utilizando el método de enfoque inductivo-verificable. En primer lugar, se estudió la necesidad de desarrollar un derecho a la protección de datos personales. Luego, se discuten los fundamentos del precedente histórico juzgado por el Tribunal Constitucional alemán en 1983 y, finalmente, se buscó demostrar cómo tales fundamentos sirvieron de base para la construcción de legislación y jurisprudencia para la protección de datos personales en Brasil. Se concluye que, en un contexto de sociedad de la información, el tratamiento de datos es un hecho ineludible, por lo que el reconocimiento de un derecho a la protección de datos personales resulta imprescindible para la protección de la persona humana en su dignidad y personalidad, algo que encuentra directriz segura en la sentencia dictada por el Supremo Tribunal Constitucional Federal, inspirada en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que contribuye como paradigma para la interpretación y aplicación de este derecho tan discutido hoy.

Existe en Colombia un aval constitucional para llevar a cabo la muerte digna. Sin embargo, a pesar de que fue desarrollado por varias resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud), su práctica puede ser compleja debido a la intervención de diversos actores frente a los cuales puede incluso darse una colisión de derechos.
En este artículo se plantean preguntas como: ¿qué hacer cuando se solicita la práctica de un procedimiento eutanásico y entran en conflicto derechos fundamentales de los actores involucrados?, ¿es clara, completa, precisa y efectiva la regulación frente al tema?, ¿los actores que intervienen en estos conflictos como prestadores de servicios, pacientes, médicos, ven sus derechos en conflicto en el procedimiento eutanásico en Colombia?
Para dar respuestas a estos interrogantes, se abordó un estudio de los conceptos de derecho a la muerte digna, objeción de conciencia, eutanasia activa y pasiva, suicidio asistido y homicidio por piedad, así como la prueba de razonabilidad y principio de proporcionalidad, en aras de dar respuesta a estos interrogantes.

En las últimas décadas la preocupación sobre la exigencia de responsabilidad penal médica a los profesionales de la salud, a juzgar por las prolijas publicaciones científicas sobre el tema, ha experimentado un auge en las sociedades contemporáneas. En el presente artículo se sistematizan los presupuestos esenciales de la imprudencia médica punible y se realiza un análisis de la Resolución 458/2019 del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), mediante la cual se estableció el procedimiento para la creación y la actuación de las comisiones de responsabilidad médica en su función de elaborar el dictamen pericial en el proceso penal seguido por presuntas imprudencias con resultado de muerte o lesiones en este ámbito. La metodología empleada obedece a una investigación de tipo descriptiva analítica y se fundamenta en los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo y exegético, apoyados por la técnica investigativa de la revisión bibliográfica. Los principales resultados revelan las problemáticas asociadas a la concepción, composición, funcionamiento y atribuciones de estas comisiones y, además, se formulan propuestas de lege ferenda para su solución. Como conclusión principal, se advierte la necesidad de modificar dicha normativa para una mejor evaluación de la responsabilidad del profesional de la salud implicado en un proceso penal por presunta mala praxis.

La presente investigación tuvo como propósito central determinar el alcance de cumplimiento que ha tenido la adopción de las garantías convencionales en el derecho disciplinario administrativo colombiano, en el marco de los servidores públicos de elección popular, a partir de la expedición del fallo Petro Urrego vs. Colombia en el año 2020. De esta manera, dicha pesquisa se sustentó metodológicamente en un enfoque cualitativo con alcance analítico-explicativo, el cual desde el punto de vista hermenéutico desglosa un conjunto de argumentos jurídicos que permiten entrever el alcance de la reforma actual de la Ley 1952 de 2019 por parte de la Ley 2094 de 2021, frente el cumplimiento de las garantías exigidas por el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo que respecta a la adopción de sanciones disciplinarias que restringen derechos políticos a servidores públicos de elección popular. En ese sentido, el resultado de esta pesquisa condujo a ofrecer elementos jurídicos que permitiesen fortalecer el orden institucional de las autoridades que tienen a cargo el ejercicio de la función disciplinaria, pues da a conocer y a entender más la realidad actual del derecho disciplinario administrativo frente a la necesidad de incorporar inexorablemente las garantías convencionales en el ordenamiento disciplinario colombiano, así como de satisfacer su aplicación y cumplimiento efectivo, so pena de que a futuro se llegasen a presentar múltiples demandas y posibles condenas en contra del Estado colombiano por incumplimiento a las mismas. A partir de lo anterior, se concluye que es pertinente contar con autoridades judiciales competentes con autonomía, independencia e imparcialidad absoluta, que administren la función disciplinaria plena de forma en Colombia, en cumplimiento de los estándares internacionales adoptados para sancionar a los servidores públicos, especialmente los de elección popular.

La falta o poca transparencia estatal en los procedimientos de contratación pública es uno de los problemas que viene afectando el derecho ciudadano al libre acceso a la información pública, además de que genera actos de corrupción, poca competitividad, falta de legitimidad estatal, entre otros. Se tiene como objetivo analizar la importancia del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) en el libre acceso a la información y la transparencia de los procedimientos de contratación pública en el Perú. Se han utilizado los métodos generales de la lógica y el método jurídico dogmático. Presentaremos un desarrollo teórico, construido con base en la normativa, doctrina, jurisprudencia peruana y el derecho comparado. Los resultados arrojan que el Seace, mediante la opción “Buscadores públicos del Seace”, permite la búsqueda de información en diez categorías diferentes relacionadas a las contrataciones públicas. Se concluye que el Seace se ha convertido en una herramienta fundamental en el libre acceso a la información pública. Sin embargo, presenta problemas en mérito a que en algunos casos presenta información dañada, incompleta o simplemente inexistente.